Cada
país y su población es única.
La informalidad laboral y el crecimiento demográfico no deben ser puntos de conflicto a la hora de planificar políticas demográficas que sostengan los principios tutores y de protección de la integridad del ser humano. Principios incorporados a las Constituciones de los estados republicanos cuya obligación está en plena vigencia y avalado por los Tratados Internacionales en su totalidad.
Los
cambios para mejor en modalidades de trabajo y tecnologías deben
tomarse como de desarrollo e inclusión,
y en base a ello incorporar nuevas estrategias de financiamiento de los
sistemas de seguro social en vez de utilizar las viejas recetas del temor que
paralizan y desmotivan a los cotizantes al sistema.
Si
un trabajador sabe que en su mejor etapa activa va a tributar (porque los
aportes y contribuciones de empleado/empleador son un impuesto indirecto y
diferido) y que el Estado presente podrá hacerse cargo de su problema cuando
tenga alguna de las contingencias de salud o vejez o muerte, actúa como un
incentivo y no como un castigo.
Tomar
como principal el cuidado y la protección del ciudadano y su familia será
siempre un deber y una obligación de cualquier gobierno, sea cual fuere su
orientación económica.
Sin trabajadores y empresas no sobrevive ningún esquema social.
Y la esclavitud humana es lo que se intenta combatir desde cualquier razonamiento lógico objetivo.
Sandra
Partenio
Abogada
Especialista en Seguridad Social
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En la NOTA publicada por Silvia Stang en el diario La Nación, encontrará más información sobre la edad jubilatoria
