Continuando con su tarea de dar información valiosa relacionada con las Jubilaciones y Pensiones, Staff Previsional reproduce textualmente la extensa editorial que publicó el diario La Nación, a la que tituló:
Jubilados sin Justicia,
los más de siete años que duran los juicios para actualizar los magros haberes se convierten en verdaderas penas de muerte para los litigantes.
"El dicho afirma que "una
Justicia lenta no es Justicia". Ahora bien, cuando la lentitud de la
Justicia se posa sobre el fuero previsional, la justicia lenta se convierte en
pena de muerte.
En la Cámara de la Seguridad
Social agonizan 80.000 causas con sentencias de primera instancia congeladas,
donde cada expediente permanece alrededor de 17 meses antes de ingresar a las
salas para el trámite del recurso de apelación correspondiente (lo que insume
dos años más de demora en promedio). A ello hay que sumarle las 30.000 causas
que están en trámite en las tres salas.
Es decir que 110.000
jubilados sufren lo que en patología jurisdiccional se denomina técnicamente
"privación de justicia". A esto debemos agregar los miles de casos
que ya tienen sentencia favorable de la Corte -que llegaron al máximo tribunal
debido a la estrategia de un Poder Ejecutivo que apela sistemáticamente en
todas las instancias para dilatar los procesos. En definitiva, el promedio para
que un jubilado acceda a la actualización de su jubilación se estira a siete u
ocho años hasta que se efectiviza.
De esta manera, son miles los
jubilados que mueren antes de poder cobrar el reajuste de sus jubilaciones,
convirtiendo al sistema previsional y a la justicia de Seguridad Social en un
rifle sanitario al servicio de un superávit fiscal utilizado discrecionalmente
en acciones ajenas a garantizar la calidad de vida de los últimos años de
nuestros abuelos.
Por eso, resulta de suma
trascendencia el pedido que formuló el presidente Mauricio Macri al titular de
la Anses, Emilio Basavilbaso, para ponerse al día con el pago de las sentencias
judiciales por actualización de haberes jubilatorios de 2003 a 2006, pero no
sólo de las 50.000 sentencias firmes emanadas de la Corte Suprema de Justicia.
La prioridad será para los jubilados de entre 85 y 99 años, o que padezcan enfermedades
terminales o vivan situaciones extremas.
La Corte Suprema ha
profundizado el colapso del fuero con fallos que no ayudaron a sentar criterios
jurisprudenciales que hubieran agilizado los procesos, como dar curso a las
medidas cautelares en lugar de revocarlas.
Pero mientras los beneficios
de una Justicia rápida no llegan a miles de jubilados, familiares de los
miembros de la cámara son beneficiados por la discrecionalidad y nepotismo en
algunos nombramientos que violan el artículo 12 del Reglamento para la Justicia
Nacional que apunta a impedir designaciones en función de parentesco, como
sucede con la prosecretaria general de la cámara, Silvina María Borghi, hija de
la camarista -y actual presidenta Mabel Maffei de Borghi. Cuando se denunció el
hecho de que la prosecretaria dependía directamente de la presidencia de la
cámara, es decir que la hija dependía directamente de su madre, en un confuso
dictamen la Dirección Jurídica General de la Corte Suprema sostuvo que los
funcionarios de la Secretaría General (secretario y prosecretario generales) no
dependían en forma inmediata de la presidenta de la cámara, sino de la cámara
misma. Esta interpretación tampoco despeja el vínculo de dependencia, ya que
Mabel Maffei es miembro de la cámara además de su presidenta, por lo que
Silvina Borghi continúa dependiendo de su madre en un claro acto de
incompatibilidad manifiesta.
También el fuero sufrió una
feroz persecución política por parte del gobierno kirchnerista, que se ensañó
contra los camaristas Luis Herrero y Emilio Fernández, quienes fallaban a favor
de las medidas cautelares, ordenándole a la Anses que actualizara las
jubilaciones de manera inmediata sin esperar los años que demora el trámite
ordinario. Ambos magistrados sufrieron un proceso de pedido de juicio político
durante años, hasta que el apoyo de la ciudadanía, asociaciones profesionales
de abogados, organizaciones intermedias vinculadas al derecho y la falta de
sustento del pedido hicieron que la denuncia fuera desestimada.
El camarista Herrero calificó
de "escarnio jurídico" y "trama siniestra" al drama social
del jubilados obligados a recurrir a la Justicia para actualizar sus haberes y
mencionó, entre varias de las causas, la decisión política de la Anses de no
aplicar los fallos de la Corte Suprema a los casos análogos, y la decisión del
máximo tribunal de "asignar efecto individual a la sentencia Badaro y no
expansivo, como habría correspondido, lo que ocasionó el colapso del fuero
previsional".
La deuda que ese sistema
tiene con los jubilados, además de financiera, es moral y de enormes
dimensiones. La primera se salda priorizando las partidas presupuestarias para
cumplir con los fallos judiciales, debiendo sumarse el producido por la venta
de las acciones que la Anses posee en empresas privadas. La segunda requiere la
sensibilidad política para terminar con el perverso sistema de apelaciones que
convierte el trámite de actualización de las jubilaciones en un certificado de
defunción.
En este contexto, resulta muy
valiosa la decisión del presidente Macri, al tiempo que jueces como Herrero y
Fernández, que no fueron apoyados por sus colegas del fuero ni por la
asociación que los nuclea durante los cuatro años de impiadosa persecución a
los que fueron sometidos por el gobierno anterior, se convierten en la última
esperanza de cientos de miles de jubilados que, además de víctimas de la vejez,
se tornan rehenes de un perverso sistema previsional que se empeña en negarles
su derecho convencional y constitucional a un nivel de vida digno."
Dra. Sandra Partenio para Staff Previsional
